¿Qué ha ocurrido desde las elecciones de 2019?

Desde los últimos comicios, la UE y sus socios se han enfrentado a numerosos retos, desde la pandemia de COVID-19 a conflictos en todo el mundo, incluso en las fronteras europeas con la guerra de Ucrania. 

El Parlamento Europeo ha apoyado a Ucrania desde que Rusia emprendió una invasión ilegal a gran escala del país en 2022. 

A fin de favorecer el desarrollo dentro de la Unión, NextGenerationEU ha destinado más de 800 mil millones de euros a apoyar la recuperación tras la pandemia. Otros programas promueven la investigación (Horizonte Europa), la inversión (InvestEU), los intercambios educativos (Erasmus+) y la asistencia sanitaria (EU4Health). 

En cuanto a la lucha contra el cambio climático, la Eurocámara ha aprobado la Legislación Europea sobre el Clima, que obliga a la UE a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero de aquí a 2050. También ha acordado prohibir los artículos de plástico de un solo uso y, desde 2021, los platos, cubiertos, pajitas, palos de globo y bastoncillos para los oídos de este material no pueden comercializarse en los mercados de los Estados miembros. 

También se ha reforzado la protección de los consumidores. Ha entrado en vigor el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión, que garantiza un alto nivel de protección de los datos personales de la ciudadanía tratados por empresas con sede dentro y fuera de su territorio. La Ley de Mercados Digitales establece normas claras para las grandes plataformas, cuyo objetivo es impedir que impongan condiciones injustas a empresas y consumidores. Por su parte, la Ley de Servicios Digitales pretende proteger a los usuarios de contenidos perjudiciales e ilegales y establecer mercados en línea más seguros y plataformas transparentes.  

Por último, la Eurocámara ha aprobado la Ley de Inteligencia Artificial, primera ley integral del mundo sobre esta materia. En ella se establecen normas para los grandes y potentes modelos de inteligencia artificial, se garantiza que no presenten riesgos sistémicos para la Unión y se ofrecen sólidas salvaguardias para la ciudadanía y la democracia frente a cualquier abuso de la tecnología por parte de las autoridades públicas.